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#Columna – Un lustro

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Se cumplieron cinco años del Acuerdo y plebiscito por la paz. La conmemoración marca una pauta sustancial en la polarización del país a nivel político y social. Las percepciones de realidad o las formas de concebir los hechos, la pluralidad cultural, los estados del arte e inclusive la literatura, son una prueba de lo distante que están los unos de los otros.

Lo que no ha cambiado es la realidad del campo o de la zona rural de Colombia, la cual continúa siendo un botín para los grupos armados ilegales debido al tráfico de las materias primas, la explotación minera, la extracción de oro y la siembra de hoja de coca. Acciones que se convierten en un motor económico en zonas alejadas. Zonas, a las que Instituciones estatales no llegan a cubrir necesidades de las comunidades que vieron irse a las Farc, pero que en poco tiempo atestiguaron la llegada de nuevos grupos al margen de la ley. A lo anterior, se le suman las disputas territoriales por las rutas del narcotráfico.

Defender el medio ambiente en un caos social se convirtió en una labor heroica o tal vez suicida. Colombia, ocupa la segunda posición de muertes de líderes ambientales, según datos del informe anual de la ONG británica Global Witness, que durante 25 años se ha centrado en estudiar el vínculo entre los recursos naturales, los conflictos y la corrupción.

Otros datos que reafirman el contexto altamente violento lo aportan el Instituto para el desarrollo y la paz (Indepaz) y el Observatorio de la DDHH. Evidenciando un panorama inseguro para quienes pretenden garantizar un trato sostenible a los recursos naturales; hasta el momento 611 personas líderes y lideresas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas desde la firma del acuerdo de paz (2016).

La caracterización de las víctimas: 332 son indígenas (custodios ancestrales de la madre tierra), 75 son afrodescendientes miembros de consejos comunitarios protectores del territorio, 102 son campesinos defensores de territorio, 25 son líderes activistas ecologistas y 77 campesinos miembros de Juntas de Acción Comunal. Todos por la defensa de su territorio.

Por todo lo anterior, es absolutamente impresentable que el Congreso de Colombia no hubiese ratificado el Acuerdo de Escazú. Un Acuerdo inicialmente pensado en la protección del medio ambiente, al igual que la vida de los promotores o activistas de la ecología y la sostenibilidad, como bien lo expresa uno de sus objetivos: “promueve la defensa de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.” Pregunta: ¿recuerdan la caracterización de las víctimas?

El Legislativo dejó hundir la ratificación en junio pasado, cuando los hechos son atroces y preocupantes. Además, continúa en riesgo la vida de los voceros de comunidades ya de por si golpeadas por las violencia y abandono del Estado. Las alternativas a los esquemas de seguridad, es trabajar por la reforma rural que necesita Colombia, pensada desde la transformación del campo y el impacto que esta pueda generar a la mejoría de calidad de vida y desarrollo de todas las comunidades, desde una perspectiva de oportunidades de participación ciudadana y cuidado ambiental.